Hay países que avanzan. Y luego está Bielorrusia, que ha decidido coger carrerilla pero hacia atrás, muy atrás.
El pasado 13 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó una ley que castiga la “propaganda” LGBTIQ+ con multas o hasta 15 días de cárcel. Traducido al idioma real corazón, si existes, si te muestras, si dices “oye, igual amar no debería ser delito» cuidado, porque puedes acabar detenido. Así, sin más.
Porque aquí viene el truco —y el peligro—y es que nadie sabe exactamente qué es “propaganda”. ¿Un beso? ¿Una bandera? ¿Un post en redes? ¿Respirar siendo gay? Todo entra. Todo vale. Todo puede ser delito cuando la ley está escrita con esa ambigüedad tan convenientemente autoritaria.
La jugada no es nueva. Bielorrusia lleva años calentando motores. En 2017 ya censuraban cualquier cosa que “desacreditara la familia”, en 2024 llegaron a comparar la homosexualidad con la pedofilia (sí, en pleno 2024, que parece una broma pero no lo es), y ahora directamente pasan a la fase final, castigar la visibilidad.
Y ojo, porque esto no es una idea original. Es un remake, un reboot, un copy-paste descarado del manual de Vladimir Putin, que en 2013 firmó su famosa ley contra la “propaganda gay”. Desde entonces, varios países del entorno han ido replicando la fórmula como si fuera una franquicia del odio. Georgia, Kirguistán… y ahora Bielorrusia se suma al pack.
Mientras tanto, organizaciones como ILGA-Europe ya lo dicen sin rodeos. Esto no va de “valores tradicionales”, va de control. De tener a la población vigilada, de señalar enemigos fáciles y de usar a las personas LGTBIQ+ como chivo expiatorio perfecto mientras se aprieta el puño político.
Y en el centro de todo, Alexander Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994 y que ha definido a las personas gays como “la máxima abominación”. Nivel señor atrapado en otro siglo, pero con todo el poder del presente.
Lo más inquietante no es solo la ley. Es lo que representa. Porque cuando un gobierno decide que amar es propaganda, que existir es delito y que la diversidad es amenaza… no está legislando. Está señalando. Está silenciando. Está construyendo un país donde el miedo vuelve a ser la norma.
Y sí, mientras algunos siguen hablando de “guerras culturales”, lo que está pasando aquí es mucho más serio: derechos básicos cayendo uno detrás de otro, con sello oficial y aplauso autoritario.
Pero hay algo que ni leyes, ni multas, ni cárceles han conseguido nunca: borrar lo que somos. Y eso, por mucho que les pese, no hay decreto que lo tumbe.
