La Eurocámara ha aprobado el informe sobre derechos fundamentales que insta a la Comisión Europea a impulsar una prohibición efectiva, vinculante y aplicable en todos los Estados miembros. En otras palabras: reconocer oficialmente que lo que algunos aún llaman “terapia” es, en realidad, una vulneración de derechos.
Pero el camino hasta aquí no ha estado exento de tensiones. Durante la tramitación, el grupo ECR —donde se integra Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni— intentó eliminar del texto el párrafo que condena explícitamente estas prácticas. Es decir, borrar la referencia directa, diluir el mensaje, restar visibilidad.
La enmienda fue rechazada y el texto salió adelante manteniendo una condena clara a unas prácticas que llevan años siendo denunciadas por dañinas, sin base científica y con consecuencias reales para quienes las sufren.
Y no hablamos de un problema marginal. Las cifras lo evidencian: cerca de una de cada cuatro personas LGTBIQ+ en la UE afirma haber pasado por algún intento de “conversión”. No es algo del pasado ni un fenómeno aislado.
Ahora bien, conviene no perder de vista el contexto. Lo aprobado hoy no es aún una ley. Es un posicionamiento político firme, pero no vinculante. En el engranaje europeo, la capacidad de proponer legislación recae en la Comisión Europea. Y ahí está la clave del siguiente paso.
La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, tiene hasta el 18 de mayo para responder a la iniciativa ciudadana que ha impulsado este debate. Más de 1,2 millones de firmas exigen una respuesta clara: o se propone una normativa europea que prohíba estas prácticas en todos los países o se opta por no hacerlo.
Mientras tanto, la realidad en Europa sigue siendo desigual. Algunos Estados ya han legislado contra las terapias de conversión, pero otros, como Italia, siguen sin una norma específica. Una situación difícil de justificar en una Unión que presume de derechos fundamentales: que estos dependan del país en el que vivas.
La votación de hoy marca una posición política clara dentro del Parlamento Europeo. Pero también deja al descubierto que el consenso está lejos de ser total y que, incluso ahora, hay fuerzas que intentan rebajar —o directamente borrar— este debate.
